Una reciente editorial del diario El Tiempo titulada “La otra pandemia” alerta sobre una problemática de violencia que no ha dado tregua, ni en lo que hoy parece el peor de los mundos a causa de la crisis por el nuevo coronavirus.

Con el gancho “los asesinatos de líderes sociales no tuvieron cuarentena”, el importante medio de comunicación resume perfectamente lo que se lee y se escucha en la mayoría de los medios de comunicación del país, pero que por la gravedad de emergencia sanitaria no ha hecho el eco que debería.

Mientras algunos indicadores relacionados con la seguridad ciudadana se han venido a pique en medio del confinamiento, los asesinatos y otras formas de agresión sobre quienes ejercen liderazgos colectivos en territorios espesos y apartados de los grandes centros urbanos, han ido en la dirección contraria.

Como es usual, las diferencias en la categorización y los criterios para definir quién es y quién no es un líder social prevalecen repercutiendo en que las cifras exactas diverjan en diferentes gradualidades. A pesar de esto, la mayor parte de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que hacen seguimiento a este fenómeno de violencia han llegado a la misma conclusión: en los primeros cinco meses del 2020 ya se asesinaron más líderes sociales que en el mismo periodo en 2019.

Esto es realmente grave y trágico a la vez, sobre todo cuando se tiene en cuenta que, desde el 24 de marzo, el país ha estado en medio de una cuarentena a nivel nacional que restringe la movilidad y ha concentrado una buena parte de la población en sus casas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la cifra de líderes asesinados sería 25 hasta el 15 de mayo, mientras que las Naciones Unidas estiman que el número rondaría los 30. Otras mediciones más alarmantes como de la Fundación Ideas para la Paz, (FIP) señalan que las personas ultimadas por ejercer liderazgos colectivos serían 49, lo cual se traduce en un incremento del 53% con respecto al mismo periodo en 2019.

Por su parte, la organización Somos Defensores asegura que el aumento de los asesinatos sería del 88% en el primer trimestre al pasar de 24 a 47. Igualmente, señalan que otro tipo de agresiones han aumentado considerablemente como la desaparición forzada que salto de 0 a 8, las detenciones arbitrarias también de 0 a 8 y los atentados de 11 a 14.

Sin embargo, esto no se trata de una problemática con la que el país venga lidiando desde ayer, sino que todo indica que se ha convertido en uno de los mayores retos en materia de derechos humanos en Colombia.

La estabilización de la violencia social y política

Precisamente, Somos Defensores reveló hace 15 días su informe anual sobre esta temática. La gran conclusión del documento es que en 2019 los niveles de violencia sobre líderes y defensores de derechos humanos se mantuvieron igual de altos que en 2018, cuando se tocó el pico más alto de los últimos 10 años.

De acuerdo con esta organización las diferentes agresiones contra esta población aumentaron de 805 a 844 casos. Si bien es cierto que la cifra de asesinatos tuvo una reducción del 20% al pasar de 155 a 124, lo cierto es que este número continúa por las nubes. Básicamente la de 2019, es la segunda cifra de asesinatos más alta de la década y más del doble que en 2015, un año antes que se firmara el acuerdo de paz entre el Gobierno y la ex guerrilla de las FARC.

Por otra parte, otro tipo de agresiones como las amenazas han seguido su aumento exponencial, ya que entre 2016 y 2019 han incrementado de 317 a 637 anuales, lo que se traduce en casi 100% más.

Las zonas de agresión continúan siendo las mismas

Si bien es cierto es que en los últimos años se han reportado todo tipo de agresiones contra líderes a lo largo y ancho del país, lo cierto es que este es un fenómeno tremendamente focalizado. Solo basta con realizar un análisis geográfico de las cifras de asesinato para observar que en específico algunos territorios son verdaderamente mortíferos para esta población.

No cabe duda de que la zona más afectada por esta forma de violencia social y política es el Cauca. No solamente ha sido el departamento donde año a año se han reportado la mayor cantidad de asesinatos, sino que las cifras son trágicas y preocupantes. En 2019 se perpetraron 34 homicidios de líderes sociales, es decir casi el 30% de todos los que se registraron a nivel nacional.

Igualmente, año a año Antioquia ha ocupado el segundo lugar donde se focaliza esta problemática. El año pasado se documentaron 16 casos de asesinato sobre quienes ejercen liderazgos colectivos, lo que se traduce en el 12% de la cifra nacional.

Otros departamentos que documentaron una cantidad trágica de asesinatos en 2019 fueron Caquetá (10), Nariño (9) y Arauca (8). En otros 22 departamentos se presentó este tipo de violencia, pero de una dimensión y gradualidad mucho menor.

Efectivamente, si se contrasta la distribución territorial de los homicidios del 2019 con las de los primeros meses de este año, se puede concluir que las zonas más afectadas siguen siendo las mismas. De los 47 asesinatos documentados en el primer trimestre nueve se perpetraron en el Cauca y nueve en Antioquia. En estos territorios no ha habido cuarentena para esta población que se ha visto azotada por la violencia de los armados.

Le puede interesar: ¿Empeoró la seguridad regional en Colombia durante el 2019?

De acuerdo con Somos Defensores “los departamentos donde hay una mayor intensidad y concentración de las agresiones, son a la vez lugares donde antes la desmovilizada guerrilla de las FARC controlaba la vida social, económica y política. Sin embargo, después de la salida de este grupo de dichos territorios, lugares estratégicos para las economías legales e ilegales, se ha presentado un aumento en las disputas por el control de producción y mercados. (…) El resultado es el incremento de violencia contra los líderes y lideresas que defienden el territorio de todo tipo de injerencias”.

¿Quiénes son los responsables?

Establecer la responsabilidad de este fenómeno de violencia ha sido uno de los principales obstáculos que se han presentado en el objetivo de mitigar y revertir la tragedia que viven los líderes sociales en Colombia. Mientras la Fiscalía General se ha esforzado por señalar importantes avances en la judicialización de los responsables, defensores de derechos humanos y líderes sociales objetan estos argumentos.

Sin embargo, más allá de cada caso particular, la responsabilidad de las agresiones recae en su mayoría sobre los grupos armados ilegales que operan en los diferentes territorios y que ven como una amenaza para sus intereses los liderazgos que ejercen ciertas personas.

De los 187 casos de las agresiones documentadas este año por Somos Defensores cerca del 45% ha sido adjudicado a organizaciones que denominan como paramilitares entre las que se encuentran el Clan del Golfo y los Caparros. Por otra parte, el 8% de los eventos relacionarían a los grupos post-FARC y un 7% a miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, en el 37% de las agresiones se desconoce el autor.

Es fundamental que en medio de la agudización de este fenómeno de violencia se extremen las medidas de protecciones para los líderes en mayores condiciones de vulnerabilidad. Desde líderes comunitarios hasta indígenas y por supuesto a quienes han puesto su vida en riesgo por promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o combatir contra la minería ilegal.