¿Empeoró la seguridad regional en Colombia durante 2019?

seguridad regional

Sin lugar a duda la seguridad regional fue uno de los temas más discutidos por analistas, medios de comunicación, partidos y movimientos políticos durante el 2019. Ocupó un lugar clave en la agenda política, generando importantes repercusiones desde el plano local hasta el nacional.

No en vano, el debate alrededor de esta temática fue fundamental en la intempestiva salida de Guillermo Botero del Ministerio de Defensa. Si bien, fueron varias las razones que influyeron en la renuncia de Botero, lo cierto es que los congresistas que citaron al debate de moción de censura en su contra lo plantearon alrededor de su discutida gestión en el manejo de los grandes asuntos de seguridad del país.

En este debate, que tuvo lugar en el mes de octubre, miembros de la oposición y de algunos partidos independientes controvirtieron la gestión del jefe de la cartera de Defensa al señalar que desde su llegada y en particular durante el 2019, gran parte de los indicadores de violencia históricamente relacionados con el conflicto armado habían vuelto a deteriorarse.

Son distintas las interpretaciones que pueden tejerse alrededor de este tema, sobre todo por su naturaleza profundamente política. No obstante, ¿qué se puede decir ante el interrogante de si empeoró o no la seguridad regional en 2019?

La gran conclusión de la última versión de la Herramienta de Distribución Geográfica del Riesgo (HERI) de Omnitempus, es que indiscutiblemente el año pasado el país retrocedió en materia de seguridad regional.

¿Qué es la HERI de Omnitempus?

Para comprender la conclusión basada en los resultados obtenidos por esta herramienta de Omnitempus, es importante señalar que la HERI es una representación gráfica simplificada del territorio que proyecta categorías o niveles de riesgo en materia de seguridad.

Fundamentalmente, se concibió como un instrumento de análisis y toma de decisión. Se construyó a partir de la correlación de 20 variables de riesgo como las son la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, economías ilícitas e indicadores de violencia e históricamente relacionados con el conflicto armado, etc.

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La unidad de análisis es departamental, por lo que con excepción de San Andrés y Providencia, aglomera la totalidad de los departamentos que conforman al país. Asimismo, Bogotá tampoco fue evaluada teniendo en cuenta que las variables que confluyen en la ciudad capital, por su propia naturaleza, divergen de manera sustancial de una observación de alcance regional.

El objetivo general de la HERI fue prospectar el nivel de vulnerabilidad departamental en materia de seguridad y violencia. Para ello, el nivel el riesgo es producto de la suma de valores asignados para cada variable que convergieron en cinco categorías de riesgo: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.

Esta nueva versión de la HERI no solo consta del mapa de riesgo, también incluye cinco visualizaciones cartográficas complementarias: 1) distribución de actores armados ilegales, 2) densidad de cultivos de coca, 3) riesgo por minería criminal, 4) casos de secuestro en 2019 y 5) atentados terroristas perpetrados en 2019.

Hallazgos de le HERI en materia de seguridad regional

En cuanto a sus hallazgos o resultados se refiere, la herramienta se caracteriza por la focalización del riesgo con base en análisis comparado. Esto significa que la naturaleza del ejercicio analítico se fundamenta en la contraposición de todos los departamentos (a excepción de los citados) con la correlación de variables, que al final es lo que deriva en las categorías de riesgo.

Claro está que sin importar la categoría sea Muy Alta o Muy Baja, ningún territorio del Colombia está exento de afrontar eventos violentos, de alteración del orden público o en general que pueda poner en riesgo la integridad de cualquier persona. Es por ello por lo que los niveles de riesgo se relacionan fundamentalmente con un tema de aumento o reducción de probabilidades de que estos eventos sucedan con respecto a otras unidades departamentales.

Luego de realizar la última actualización con datos y cifras del 2019, la gran conclusión que se puede esgrimir es que con respecto al 2018 efectivamente el país retrocedió en materia de seguridad regional.

En contraste con la versión anterior, la HERI arrojó que 15 departamentos empeoraron su categoría de riesgo, 15 la mantuvieron igual y únicamente uno la mejoró. Básicamente más de la mitad de los departamentos del país quedaron categorizados en los niveles de riesgo Muy Alto, Alto y Medio.

Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Nariño se mantuvieron en la categoría de riesgo Muy Alto. En esta actualización se les sumaron Arauca y Chocó que en la versión anterior habían sido categorizados en un nivel de riesgo Alto.

En distintas proporciones, estos seis departamentos reúnen prácticamente la totalidad de las variables de riesgo diseminadas. La densidad y el flujo de economías criminales han rebasado estadísticas de décadas, por lo que entre otras razones, grupos armados de toda naturaleza que usualmente se enfrascan en disputas militares por el control territorial, bien sea entre estos mismos o contra la Fuerza Pública.

Estas dinámicas se materializaron en el deterioro de algunos de los indicadores más delicados en materia de violencia e inseguridad como son las tasas de homicidio, el asesinato selectivo de líderes comunitarios, atentados terroristas, el riesgo de desplazamiento masivo, etc.

Los departamentos que se mantuvieron en un nivel de riesgo Alto fueron Putumayo y Valle del Cauca, y a ellos se sumó Caquetá que en la versión anterior estuvo en la categoría de riesgo Medio.

Estos departamentos poseen características muy similares a las unidades departamentales categorizadas en riesgo Muy Alto, ya que aglomeran la mayor parte de los factores. Sin embargo, se diferencian debido a dos razones: primero, porque la proporción de las variables son relativamente menores o tienen una intensidad menor y segundo, porque en algunos casos no enfrentan fenómenos ligados a alguna de las variables más críticas.

Riesgo Medio fue la categoría que mayor cantidad de departamentos aglomeró. Con respecto a la versión anterior de la HERI se mantuvieron Córdoba, Bolívar, Meta y Guaviare, mientras que Cesar, La Guajira, Vichada, Risaralda y Casanare ingresaron a esta categoría para esta nueva versión, ya que anteriormente registraron un nivel de riesgo Bajo.

En la categoría de riesgo Medio se pudo observar que los factores de riesgo son más dispersos y menos generalizados. Prevalecen distintas caras de las economías criminales, sobre todo la afluencia de cultivos de coca pero que en contraste con las categorías anteriores representan menores riesgos.

Asimismo, la presencia de organizaciones armadas de distintas características es mucho más diseminada. Por esto, se trata en su mayoría de zonas con actores que ejercen cierta hegemonía o donde los pactos de no agresión entre ilegales reducen los patrones de confrontación militar y en consecuencia, de los fenómenos de violencia.

Elementos generales para explicar la coyuntura

Aunque para comprender por qué se produjo este retroceso en materia de seguridad debería analizarse el caso de cada departamento con base en sus particularidades, se pueden mencionar algunas generalidades.

Una de las más importantes es el escalamiento o la reactivación de conflictos regionales que han convertido algunas zonas en verdaderos epicentros de guerra. En el Catatumbo (Norte de Santander), en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, en el Pacífico nariñense y caucano y en diferentes puntos del departamento del Chocó distintos actores armados ilegales se disputan el control territorial y de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería criminal.

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Vale la pena señalar que la coca, uno de los principales motores de la violencia en Colombia, continúa representando una importante renta para las organizaciones armadas y se relaciona directamente con el nivel de riesgo de seguridad en lo local y regional. La última medición revelada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito contabilizó cerca de 169.000 hectáreas de coca a lo largo del territorio nacional, el doble con respecto al 2015 y el triple con respecto al 2013.

Otro factor clave para entender esta coyuntura es la ruptura total de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego del atentado terrorista en la Escuela de Policía General Santander ocurridos a principios del 2019. Si bien esta organización nunca detuvo por completo sus acciones violentas, con la ruptura de la mesa de conversaciones, se evidenció en algunos departamentos un escalamiento en las acciones violentas perpetradas por este grupo ilegal.

De acuerdo con un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, el ELN se ha venido fortaleciendo, llegando a sumar 4.000 hombres en armas y entre 4.000 y 5.000 milicianos, cuando en 2017 se estimaba que eran apenas unos 1.000. Además, entre 2018 y 2019 los elenos pasaron de operar en 102 municipios a 137.

Por otro lado, está la conformación de nuevos grupos provenientes de lo que antiguamente eran las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC). Entre ellos, se destaca la organización encabezada por Iván Márquez, Jesús Santrich y el Paisa, quienes, a través de un video, dieron a conocer su regreso a las armas alegando el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Estado colombiano.

Se estima que los grupos “post FARC” hacen presencia en 85 municipios a través de 23 estructuras distintas e integran a cerca de 2.100 hombres en armas. De esas 23 estructuras, 10 tendrían cierta articulación teniendo como eje el antiguo frente Primero liderado por alias Gentil Duarte.

En este análisis, no puede omitirse que 2019 fue un año electoral. Si bien es usual que cuando se avecina algún tipo de jornada de votación se incrementa la violencia en muchas regiones, esto es aún más notorio cuando se trata de elecciones locales y regionales como las celebradas el año pasado.

La distribución del poder en lo local es un factor fundamental para los actores armados y los mercados ilegales que controlan. Por este motivo, desde líderes sociales hasta candidatos a concejos, alcaldías y gobernaciones se vieron amenazados en algunas regiones. Dos de los casos más mediáticos fueron los asesinatos de Karina Garcia y Bernardo Betancur, candidatos a la alcaldía de Suarez, Cauca y de Tibú, Norte de Santander. 

De cara al 2020, se espera un importante impacto de la pandemia del Covid-19 sobre el crimen organizado y en general sobre las diferentes dinámicas relacionadas con fenómenos de violencia e inseguridad. Este será un factor fundamental en la alteración tanto positiva como negativa de la seguridad regional.

Juan Fernando Restrepo

Juan Fernando Restrepo

Analista de Riesgo Político y Seguridad
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