Hace poco más de año y medio asistí a un evento organizado por una prestigiosa firma consultora donde el ex ministro de Defensa, Guillermo Botero, hizo presencia como conferencista. Al término de su presentación, la cual se centró en exponer algunos de los resultados obtenidos por su cartera transcurridos cerca de 6 meses desde su posesión, se abrió un breve espacio de preguntas.
Respetuosamente pregunté al ministro sobre el futuro de la difusión de la información estadística en materia de seguridad, ya que el portal de estudios estratégicos del Ministerio de Defensa había dejado de publicar con regularidad el informe mensual de logros de la Política de Seguridad y Defensa.
Lo que me generaba más preocupación es que los informes con cifras regionales habían sido prácticamente eliminados al igual que los datos de delitos como el secuestro y la extorsión, que mes a mes se publicaban en el portal de estadística delictiva de la Policía Nacional.
El ministro Botero me respondió que efectivamente esto se había estacionado pero que todo ello volvería eventualmente ya que se encontraba en un proceso de reestructuración.
Tal vez para algunos de los asistentes al evento mi pregunta resultó capciosa o incluso escueta, sobre todo si se tienen en cuenta la gran cantidad de temas de fondo que podrían haber sido abordados.
En defensa de mi válida inquietud debo decir que es imposible desconocer la importancia que representan las cifras y la estadística en diferentes estamentos de las democracias modernas. Si bien cuentan con toda clase de debilidades y muchas veces son utilizadas con fines politiqueros y electorales, aquí y en todas las regiones del mundo juegan un papel esencial en múltiples flancos.
Por una parte, son insumo fundamental en el diseño de políticas públicas que hoy en día demandan de información robusta y confiable para poder llegar a obtener resultados eficaces y eficientes. Por otra parte, la difusión de información estadística es parte de la democratización de los grandes asuntos de la seguridad. Miremos con mayor profundidad estas dos ideas.
La seguridad como bien público
El fin de la Guerra Fría y el proceso de democratización de América Latina fungieron como factores claves hacia una nueva concepción de la seguridad que, durante la segunda mitad del siglo XX en el marco de las dictaduras civiles y militares, se había centrado en la idea de seguridad nacional, defensa y mantenimiento del orden público. El continente y buena parte del mundo giraron torno a una concepción de la seguridad como un bien público dentro del Estado de Derecho.
Según señala el académico y experto en temas de seguridad, Juan Carlos Ruiz, “durante la década de los 90, la concepción de seguridad interna en América Latina se transformó en favor de estrategias más cercanas al ciudadano que pudieran hacer disminuir sus sentimientos de inseguridad. Esta transformación en las estrategias de seguridad fue el paso obligado de adaptación a un contexto regional diferente que había sido marcado durante la Guerra Fría”.
Precisamente, la difusión de la información estadística es uno de los puntos de quiebre entre los regímenes dictatoriales del siglo pasado y los modelos democráticos constituidos posteriormente. En la concepción de la seguridad como un asunto de hegemonía del poder, esta información se consideraba como clasificada y se manejaba de manera hermética por parte del Estado, en muchos casos, porque reflejaban dinámicas autoritarias que no querían ser visibilizadas.
Hoy en día este tipo de prácticas prevalecen en diferentes rincones del mundo y todavía son un síntoma más de regímenes profundamente antidemocráticos. Para no ir más lejos, los indicadores de violencia y seguridad en Venezuela no se conocen desde hace varios años, entre otros motivos, porque todo indica que sus tasas de homicidio y hurto son algunas de las más alarmantes de todo el continente. Así lo han documentado observatorios de crimen en el vecino país, como también organizaciones no gubernamentales.
En este orden de ideas, en los estados democráticos la información estadística también funge como fuente de control político por parte de la ciudadanía.
Insumo esencial en el diseño de políticas públicas
Ahora bien, más allá de una cuestión conceptual o de teoría política, el papel de la estadística en materia técnica es determinante tanto en el diseño de políticas públicas, así como instrumento de medida de estas.
Los indicadores, que se construyen a partir de la relación de variables de delito con respecto a variables poblacionales, son la única herramienta que gobiernos, analistas, medios de comunicación y en general la ciudadanía tienen a su disposición para poder realizar comparaciones de la dinámica del crimen tanto en tiempo como en espacio.
Por ejemplo, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es el indicador mundialmente acotado para comparar la intensidad de la violencia a nivel territorial. Gracias a esta relación aritmética se puede contrastar la dinámica del homicidio en una ciudad como Bogotá con más de 8 millones de habitantes con la de Cali, que apenas sobrepasa los 2,2 millones. Igualmente, con este indicador es posible comparar la intensidad de la violencia de Medellín en la década de los 90 con la de la Medellín del 2020, a pesar de que su población ha aumentado en casi un millón de habitantes.
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Por supuesto que este recurso estadístico cuenta con distintas debilidades, principalmente, que en muchas ocasiones las cifras no reflejan la percepción del ciudadano. Además de esto se pueden identificar al menos tres dificultades respecto a su fiabilidad:
- Las reformas frecuentes y el cambio de tipificación del delito repercuten en la manera en que se recogen los datos.
- El falseamiento o fraude es común cuando gobiernos o autoridades buscan visibilizar evaluaciones positivas de su gestión.
- El subregistro o la cifra negra son la parte de los crímenes que no son denunciados bien sea por desconfianza del ciudadano al sistema judicial o miedo o intimidación del victimario. A la postre esto distorsiona los datos recopilados.
Por este motivo, es determinante construir bases de datos robustas y confiables No solo basta con monitorear y recopilar eventos para poder establecer si un tipo de delito incrementó, se redujo o se mantuvo igual en un periodo de tiempo determinado.
Además de conocer el número de homicidios que se perpetraron un día en Colombia, es importante juntar este número con toda clase de variables como la edad de la víctima, la hora que fue ultimada, el tipo de arma usada por el victimario, el barrio, vereda o corregimiento donde sucedió. Esto permitirá establecer modelos de pronóstico y conocer que segmentos poblacionales son más vulnerables de cara a elaborar estrategias para mitigar este y otros fenómenos de violencia.
Sin este tipo de información se construirían políticas públicas casi que, a ciegas, o lo que es más peligroso, con base a juicios ideológicos, lo cual impactará de manera notable los eventuales resultados.
También es importante señalar que sin insumo estadístico en el sector privado, es imposible hacer análisis de riesgos basado en eventos pasados, pues desde el punto de vista científico, da una idea muy aproximada de probabilidad de ocurrencia futura. Hay fórmulas modernas para hacerlo, como la esperanza matemática.
Tal vez para muchas personas la estadística en materia de seguridad y violencia sea un capricho de los analistas o de las personas que volcán sus esfuerzos en realizar investigación académica, pero lo cierto es que son un elemento clave en la democracia y un importante insumo de control social y político. Es supremamente importante que todo este tipo de datos sean de conocimiento público para que se puedan elaborar estrategias de choque multisectoriales e integrales.