No cabe duda de que el nuevo coronavirus ha impactado prácticamente todas las dimensiones de la sociedad a nivel mundial. Si bien la salud pública y la economía han sido las más resentidas por la pandemia, lo cierto es que otras esferas han sentido sus repercusiones en distintas gradualidades.

Por supuesto, los grandes temas en materia de seguridad no han sido la excepción. Al tratarse de una coyuntura sin precedentes en nuestra historia reciente, su desarrollo ha tomado por sorpresa desde los grandes tomadores de decisión en política pública, hasta académicos y los más estudiosos de esta temática.

No obstante, transcurridos algunos meses, ya existen algunas certezas y retos que se avizoran al corto y mediano plazo en Colombia de los que vale la pena hablar.

El declive intempestivo de las cifras de la seguridad ciudadana

Para comenzar, es fundamental señalar que en el marco de la cuarentena, sobre todo en sus etapas más estrictas, se vinieron a pique los principales indicadores relacionados con seguridad ciudadana en el país, incluso, muchos de ellos llegando a mínimos históricos. Revisemos tres tipos de delito de distinta naturaleza que nos llevan a la misma conclusión.

En los primeros cinco meses del 2020 se registró una reducción del 15% de los casos de homicidio en el país en contraste con el mismo periodo del 2019, al pasar de 5.179 a 4.349 asesinatos.

Como se puede observar en la gráfica anterior, esta reducción se concentró entre marzo, abril y mayo que registraron los meses menos violentos de los últimos cinco años. Esto es más relevante si se tiene en cuenta que enero y febrero fueron más violentos que en otros años. Por supuesto, este quiebre de las cifras se relaciona directamente con el aislamiento obligatorio en el que entró el país desde el pasado 23 de marzo debido al Covid-19.

La extorsión evidenció un comportamiento calcado al de los asesinatos. Entre enero y abril las víctimas por este tipo de delito se redujeron en más del 50% pasando de 2.878 a 1.473 casos. Básicamente este es el cuatrimestre con menos extorsiones de los últimos 8 años, cuando se venía de dos años en incremento.

En el caso del hurto la dinámica no fue diferente.  Por una parte, luego de cinco años incrementando de manera alarmante el hurto a personas se redujo en más del 30% en los primeros cinco meses del año al pasar de 120.000 a 83.435 casos. Por otra parte, tanto el hurto a residencias como al comercio también se redujeron en 36% y 40%.

Por supuesto, que esto corresponde al ponderado nacional y que en cada territorio varían dependiendo de otras variables que se han proyectado de manera particular en esta compleja coyuntura.

Pero en medio de las dramáticas implicaciones que han girado en torno de la crisis sanitaria por el Covid-19, esta aparente mejora en materia de seguridad ciudadana y violencia fue asumida como un gran alivio. 

No obstante, esta nueva realidad más que un resultado o una consecuencia, realmente se presenta como un titánico desafío más de la coyuntura que no será fácil de sortear.

Entre el sofisma de las estadísticas y el efecto rebote

Como razón o argumento falso con apariencia de verdad, define la palabra sofisma, la Real Academia de la Lengua Española. Este tipo de falacia argumentativa puede reunir premisas verdaderas, pero que, al manipularse con algún interés particular, conlleva a conclusiones erradas.

Muchas veces las estadísticas pueden ser esos elementos conducentes que lleven a conclusiones basadas en generalidades, juicios de valor apresurados y lugares comunes y capciosos.

Precisamente, la reducción notable de las cifras relacionadas con la seguridad ciudadana en los primeros meses del aislamiento obligatorio llevó a concluir de manera apresurada que se estaba avanzando en esta materia. Mientras algunas autoridades nacionales o locales se concentraron en los números no se hizo el suficiente énfasis en las causas estructurales del desplome de las cifras.

Puede discutirse o no, si esta relación estadística podría considerarse como un avance en materia de política pública, pero lo cierto es que la mayor parte de la responsabilidad, sino toda, recae sobre la dinámica de la cuarentena obligatoria ordenada por el presidente y que entró en vigor desde el 23 de marzo. Incluso, es algo que las mismas cifras revelan tal como se relaciona anteriormente en este texto.

Solo una realidad tan atípica como la que afronta el país explica que muchos de los indicadores llegarán a mínimos históricos de manera conjunta e intempestiva. Durante las primeras fases de la cuarentena, la movilidad se vio muy restringida, sobre todo en grandes y medianas ciudades, lo cual, de facto, tiene menor probabilidad de la ocurrencia de eventos delictivos.

Pero lo verdaderamente preocupante y peligroso es que todo indica que esto podría tratarse de un oasis en medio del desierto. Desde ya se puede observar que esta nueva realidad plantea serios retos, incluso más complejos que los que se avizoraba antes de que convivieramos con el nuevo coronavirus.

Para aterrizar esta idea, vale la pena revisar la situación de Bogotá. Efectivamente, tal como sucedió con el ponderado nacional, la capital arrojó una importante reducción de la mayoría de los indicadores relacionados con seguridad.

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Luego de un febrero fatídico en que el homicidio aumentó de 59 a 94 casos en contraste con el mismo mes del 2019, el primer cuatrimestre del 2020 cerró con una reducción del 4% de la violencia homicida. Esto fue posible ya que en abril, cuando la cuarentena se encontraba en su fase más estricta, los asesinatos se redujeron 74 a 42.

A pesar de esto, cuando se inició a la reapertura de varios sectores de la economía la dinámica de la violencia homicida volvió cambiar. En mayo, aun con vigencia del aislamiento obligatorio, prácticamente se presentaron los mismos casos de asesinato en contraste con el mismo mes del año pasado y en junio el aumento de los homicidios fue del 22%.

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Por su parte, el hurto en sus diferentes modalidades se redujo de manera superlativa en el primer cuatrimestre. Los más relevantes fueron el hurto a personas que bajó de cerca de 39.000 casos a 28.000 y el hurto a residencias de 3.300 a 2.100.

Sin embargo, si se contrasta el número de casos cuando empezó a flexibilizarse el aislamiento se puede observar un repunte importante. En abril se registraron 526 víctimas por hurto a personas mientras que en mayo este número aumentó a 4.885. Igualmente, en abril se reportaron 197 casos de hurto a residencias, pero en mayo fueron 417.

¿Cómo explicar esta nueva dinámica? Una hipótesis que viene tomando fuerza es que los meses más recientes hemos evidenciado lo que académicos y estudiosos de la seguridad ciudadana denominan efecto rebote.

Luego de la caída en las estadísticas, los números han vuelto a incrementar y lo más probable es que conforme se deterioren los indicadores socio económicos, aumenten mucho más.

Esta nueva etapa ha estado marcada por eventos de mucho eco en los medios de comunicación y por supuesto, de impacto en la ciudadanía como lo fueron el asalto de película a una joyería en el centro comercial Gran Estación, o los robos de algunos apartamentos en Usaquén, uno de los sectores más exclusivos de Bogotá.

Algunos analistas de temas de crimen organizado y dinámica delictiva han señalado que este rebote estará marcado por una importante aumento y mejora de las capacidades de los delincuentes.

Es imposible omitir el papel que desempeña la contracción y deterioro de la economía, principalmente el aumento dramático de las cifras de desempleo y de informalidad. Estos factores socio económicos, sobre todo en países como Colombia donde la violencia se ha normalizado durante décadas y dónde los indicadores de pobreza y desigualdad prevalecen por las nubes, aumenta las probabilidades del incremento de eventos criminales.

En este orden de ideas, la crisis económica sumado a la mejora de las capacidades de los delincuentes marca el camino hacia el rebote de la inseguridad, sobre todo si se tiene en cuenta que el virus es la prioridad en la agenda política.

Por este motivo, es fundamental que las autoridades locales y nacionales revisen de manera estructural las estrategias de combate de la criminalidad, hacia modelos que se ajusten a una realidad tan distinta y atípica como esta.

Desde la ciudadanía y sobre todo desde la empresa privada también es responsabilidad analizar su entorno y verificar que las medidas de seguridad sean la adecuadas.