Durante años, los incidentes relacionados con minas antipersonal en Colombia han reflejado una de las caras más crudas y tenebrosas del conflicto armado.
Muchas de sus víctimas han resultado ser niños que jugaban en las veredas donde vivían y cientos de soldados y policías han terminado mutilados incluso cuando no se encontraban en operativos militares.
Por fortuna, luego de padecer este mal en una dimensión sumamente crítica, en los últimos años se han observado importantes avances en la lucha por mitigar y eliminar sus dramáticas repercusiones.
Muestra de ello es que mientras en 2006 se registraron más de 1.100 víctimas, en el 2017 ese número se redujo a 56. Una cifra que no se registraba desde finales de la década de 1990.
Sin embargo, han vuelto a prenderse las alarmas. Luego de dicha remarcada curva descendente el año 2018 el número de víctimas por MAPs incrementó en más del 150% con respecto a los alentadores datos del 2017. En 2019 y el primer trimestre del 2020 se han presentado cifras negativas relativamente similares.
Por este motivo, el objetivo trazado hace unos años de liberar ciento por ciento a Colombia de este flagelo antes del 2021 se ve seriamente amenazado ¿Cómo entender esta coyuntura?
La curva descendente
El Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal estima que en los últimos 30 años, estos artefactos explosivos han dejado alrededor de 11.841víctimas. 7.169 son miembros de la Fuerza Pública, y 4.672 civiles.
La cifra más dramática de víctimas se registró en el año 2005, cuando más de 1.150 personas sufrieron heridas, mutilaciones o incluso perdieron la vida a causa de una mina antipersona.
Luego de tocar su pico más alto, comienza una etapa (2005-2011) de descenso notable y paulatino de los indicadores. Esto se explica, por una parte, debido a la determinación de las Farc de transitar de una estrategia defensiva a una de carácter ofensivo,
Por otra parte, fruto del conocimiento adquirido por la Fuerza Pública para hacer frente a este fenómeno. Es un periodo donde se privilegia la fuerza aérea, exponiendo en menor grado a la tropa al no sostener combates directos con la guerrilla.
Finalizando el segundo mandato de Álvaro Uribe (2011), el número de víctimas alcanza a reducirse a un poco menos de la mitad al igual que la cantidad de municipios afectados por este fenómeno.
La etapa posterior (2012-2017) se caracteriza por el arranque y consolidación del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, el cual repercute de manera positiva en la reducción del número de víctimas por minas.
“Una vez comenzaron las conversaciones en 2012, el intervalo promedio de días en los que no se presentaron víctimas de MAP aumentó a 2,7 desde ese año. Con el cese unilateral de las FARC (establecido el 20 de diciembre de 2014) aumentó a 5 días; desde que cesaron los bombardeos de la Fuerza Aérea colombiana, el intervalo aumentó a 6,6 días; y desde septiembre de 2015, aumentó a 30 días”, señaló el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe titulado La guerra escondida
La cifra más baja en 20 años
Esta notable reducción se consolida a finalizar el año 2017 cuando se documentaron menos de 60 accidentes, lo que se traduce en una reducción cercana al 95% si se fija como punto de partida el 2006, cuando los indicadores tocaron su pico más alto.
Por otro parte, según cifras de la organización no gubernamental Landmine Monitor, en 2017 Colombia ocupó la décima posición en la lista de los países donde mayor cantidad de víctimas se registran anualmente. Una noticia realmente positiva cuando por más de 12 años Colombia se mantuvo en la segunda posición de este terrible ranking.
Más allá del hecho que la siembra de MAP se redujo considerablemente desde que arrancó el proceso de paz con las Farc, también ha desempeñado un papel fundamental el programa de desminado humanitario que el gobierno colombiano adelanta en diferentes zonas del país en colaboración de entidades internacionales.
La inversión económica y la capacidad operativa han aumentado considerablemente. Mientras en 2016, cerca de 1.300 personas se encontraban vinculadas al programa de desminado humanitario, en 2017 ese número ascendió a más de 5.500, las cuales lograron despejar 2 millones de metros cuadrados en todo el país.
Sin embargo, aunque el desminado puede considerarse como una tarea supremamente exitosa, las cifras en 2018 evidencian que no se deben bajar los brazos.
La resiembra de minas antipersonal 2018-2020
Luego de cinco reducciones anuales en línea del número de víctimas, en el 2018 se registró un nuevo incrementó del 150% al pasar de 57 casos en 2017 a casi de 180.
La mayor parte de los accidentes documentados en 2018 acontecieron en los municipios de Tumaco (43) en Nariño, y el Retorno (13) en Guaviare. Por su parte, territorios que en 2017 habían reportado muy pocos casos sufrieron un incremento notable.
Un exponente de esta dinámica es toda la zona del Catatumbo, principalmente los municipios de Hacarí, Teorama, Convención y San Calixto.
Un exponente de esta dinámica es toda la zona del Catatumbo, principalmente los municipios de Hacarí, Teorama, Convención y San Calixto.
Esto se explica a partir de un fenómeno de resiembra de minas antipersona por parte de la guerrilla del ELN que desde comienzos del 2018 se ha enfrascado en una confrontación militar con la disidencia del EPL denominada por las autoridades como los Pelusos.
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Según lo que han relatado miembros de la comunidad, los elenos habrían recurrido a artefactos explosivos de esta naturaleza para proteger el territorio donde operan, pero también las vastas zonas de cultivos ilícitos que se ubican en esta región del país.
Buena parte de las víctimas que se han registrado los últimos años hacían parte de escuadrones móviles de erradicación de cultivos de coca.
Ahora bien, las cifras del 2019 se prestan para diferentes interpretaciones. Con respecto al 2018, es cierto que se cerró el año pasado con una reducción del 40% al pasar de 178 víctimas a 107, sin embargo, si se contrasta con el importante avance que se produjo durante el 2017, se puede observar que esta cifra continúa siendo casi el doble.
Bajo este mismo supuesto, resultan sumamente alarmante que el primer trimestre del 2020 ya se reportaron casi 40 víctimas, un número muy similar al que se registró los primero tres meses del 2018 cuando se tocó el pico más alto de los últimos 5 años.
Liberar a Colombia de minas antipersona para 2021 (objetivo trazado en 2016 por el gobierno Santos) es una meta y un desafío titánico, que parecía que iba por buen camino, pero se ha enfrentado a obstáculos que distorsionan el panorama. La reactivación de conflictos regionales, el surgimiento de nuevas organizaciones post Farc, y el dramático aumento de los cultivos de coca son algunos de esos factores que se han atravesado en dicha meta.
De hecho, el actual gobierno ya ha declarado que la meta no se podrá logar para esta fecha teniendo en cuenta las nuevas condiciones de violencia que han azotado algunas regiones.
“Somos muy realistas en que la acción integral contra las minas antipersona no la podemos finalizar antes del 2025, no tenemos condiciones en todo el territorio nacional como para poder despejar las minas”, señaló en una entrevista para Blu Radio, Martha Hurtado, comisionada adjunta para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
Es indiscutible que falta muchísimo para lograr erradicar por completo este mal que tanto daño le ha hecho al país, sin embargo, tampoco se puede omitir que los avances en los últimos 15 años son realmente notables. Aproximadamente 391 municipios se han declarado libres de minas de un total de 713 que han registrado alguna clase de contaminación.
Para cerrar, es importante mencionar un dato clave: plantar una mina antipersonal para una organización ilegal únicamente tiene un costo de alrededor de 15 mil pesos mientras que desactivarla le cuesta al Gobierno entre 2 y 3 millones.