Aunque sus antecedentes datan de algunos años atrás, el conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), también conocida como la banda de ‘Los Pelusos’, estalló a principios del año 2018, cuando pobladores y líderes comunales de municipios como el Tarra y Hacarí, denunciaron una creciente situación de hostilidad entre estos dos actores armados ilegales que durante décadas han operado en el Catatumbo.
Casi que simultáneamente, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana advirtiendo de un inminente conflicto militar. Días después ambas organizaciones delictivas lo confirmaron a través de mensajes cruzados que en su momento conocieron los medios de comunicación.
De acuerdo con “los elenos”, el EPL le declaró públicamente la guerra al emitir un mensaje donde aseguraban que los confrontarían “sin ninguna consideración” hasta recuperar lo que ellos consideran “su territorio y su gente“.
Desde entonces, buena parte del Catatumbo se ha convertido en un verdadero teatro de guerra, que ha repercutido dramáticamente sobre la población civil. Masacres, desplazamientos, confinamientos, secuestros, homicidios de líderes sociales y resiembra de minas antipersona, son algunos de los repertorios de violencia generalizada que afronta la población catatumbera.
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Más allá de los argumentos y las explicaciones esbozadas en sus comunicados, el núcleo del conflicto parece ser mucho más profundo. Un informe elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) asevera con respecto al EPL que “los cambios en el comportamiento con la población civil y el relevo interno afectaron sus relaciones con el ELN, quebrando pactos sobre cómo negociar la compra y venta de pasta de coca así como la vigilancia de cristalizaderos y de rutas para sacar la mercancía por Venezuela y el sur del Cesar”.
De aliados a enemigos
Estas organizaciones que hoy fungen como enemigas, han tenido un largo trasegar como aliadas. De hecho, una de las hipótesis más recurrentes entre los analistas del conflicto armado sostiene que el EPL habría desaparecido en su totalidad sino fuera por el soporte militar y económico que le proveyó el ELN durante años.
El Ejército Popular de Liberación (EPL) fue fundado en la década de 1960 como una organización guerrillera. En su momento de mayor apogeo llegó a contar en sus filas con casi 4.000 hombres en armas que operaban en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Norte de Santander.
En 1991 durante la Presidencia de Cesar Gaviria, el Gobierno y el EPL adelantaron un proceso de paz que concluyó con su desarme y desmovilización. No obstante, y como suele suceder con la mayoría de los procesos de negociación política, un porcentaje aproximadamente del 5% no se acogió a los acuerdos logrados y decidió permanecer en la ilegalidad.
Esta disidencia tiene su génesis en el Frente Libardo Mora que operaba en la zona de Catatumbo. Desde entonces ha mantenido operación en esta región del nororiente colombiano, prolongando la disputa contra la Fuerza Pública pero también con otras organizaciones armadas.
La subsistencia de este reducto del EPL tras más de 25 años de su desmovilización se explica en gran medida, a las alianzas estratégicas que labró con otros grupos delictivos, principalmente con el ELN.
Con el objetivo de visibilizar su desconexión política como organización armada, el Gobierno de Juan Manuel Santos rebautizó a esta organización, denominándola como ‘Los pelusos’ y/o EPL residual. Según su raciocinio, esta facción que prevalece en la región del Catatumbo reúne las principales características de una banda criminal, que no cuenta con un objetivo diferente al de lucrarse de los distintos eslabones del narcotráfico y otras rentas ilegales.
Con esta redefinición, el Estado buscaba cerrar de tajo cualquier posibilidad de negociación política similar a la que en su momento se adelantó con el M19 y las Farc.
Actualmente, se estima que en la fila de ‘Los Pelusos’ se encuentran unos 300 combatientes. Su último comandante con un prontuario criminal temerario fue Carlos Antonio Navarro, más conocido como Megateo, quién fue abatido en 2015 en el marco de una operación de las Fuerzas Armadas.
Tras la muerte Megateo y la detención de alias David, otro importante cabecilla de ‘Los Pelusos’, la organización quedó al borde de la desaparición. No obstante, la FIP argumenta que un efecto colateral del proceso de paz de La Habana fue la paulatina transferencia de capacidades de las Farc al EPL en Norte de Santander, lo que habría rescatado a este reductor armado de lo que parecía una inminente extinción.
De manera consecuente, la desmovilización de las Farc produjo una aceleración de este proceso, lo que en gran parte explica las divergencias con el ELN que siente amenazada su operatividad y presencia territorial.
Lógica histórica del conflicto en el Catatumbo
El conflicto entre el ELN y el EPL es solamente un nuevo ciclo de violencia en una zona que padece ésta desde hace más de tres décadas. El Catatumbo es una subregión habitada por cerca de 290.000 habitantes que conglomera a 10 de los 40 municipios del departamento de Norte de Santander; de él hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, La Playa, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Ocaña, Sardinata, Teorama y Tibú.
Históricamente ha sido una subregión muy apetecida por los grupos armados al margen de la ley y las organizaciones delictivas ya que sus condiciones geográficas les resultan favorables. Además, la extensa frontera con Venezuela también les ofrece una condición de ventaja sobre todo en materia de contrabando y tráfico de drogas.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, la zona “representa grandes ventajas estratégicas para los grupos armados ilegales por su localización en la frontera con Venezuela, así como por el paso del oleoducto Caño Limón – Coveñas; la producción coquera, las explotaciones carboníferas, de oro, mármol y caliza, la existencia de corredores que comunican el oriente con el norte del país y la cercanía en el norte con la Serranía del Perijá que provee una salida hacia La Guajira, Bolívar y César.”
El eje transversal de la violencia en esta región es el cultivo de coca; prácticamente la totalidad del área cultivada de Norte de Santander se ubica en el Catatumbo. De acuerdo con la última medición revelada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), en Norte de Santander se concentra el 20% de los cultivos ilícitos del país, el segundo con mayor densidad, solamente después de Nariño con el 25%.
Desde el 2011 este departamento del nororiente del país ha registrado un incremento constante del área cultivada pasando de 1.189 hectáreas en 2010 a las cerca de 33.500 registradas en 2018, es decir, un crecimiento del 2700% en 8 años.
Asimismo, los expertos aducen que es la zona de Colombia donde es más barata la manufactura de cocaína, entre otras razones, porque algunos de los insumos para su fabricación son prácticamente regalados. Un buen ejemplo de ellos es la gasolina que llega contrabandeada desde Venezuela donde su precio es mucho menor que en Colombia.
En este orden de ideas, el tráfico de drogas en esta región se ha convertido en un verdadero botín para las organizaciones armadas ilegales.
Actualmente el Catatumbo como muchos otros rincones del país están viviendo una etapa de reconfiguración. La correlación de fuerzas está cambiando especialmente debido a la desaparición de las Farc como actor armado.
Por medio del Frente 33 y las columnas Antonia Santos y Resistencia Catatumbo, las Farc ejercieron durante años como actor hegemónico de la región. A comienzos de los 2000 se vieron aplacados por la expansión militar de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero con su posterior desmovilización retomaron el control de la zona de la mano de alianzas con otros grupos como el ELN e incluso del mismo EPL.
Por esta razón, la ausencia de las Farc ha dado pie a que las organizaciones armadas y los grupos delictivos que prevalecen en la zona busquen controlar las rentas ilegales que la ex guerrilla dejó atrás. En otros momentos concretos, este tipo de organizaciones han optado por trabajar de manera mancomunada o simplemente delimitar sus zonas de operaciones mediante pactos de no agresión.
No obstante, la situación de conflicto que por esos días enfrentan al ELN y a ‘Los Pelusos’ da cuenta que las alianzas serían cosa del pasado y que la región afronta una convulsionada reconfiguración.
A la ecuación también es clave agregarle otras variables. Además del ELN y el EPL, otros actores como el Clan del Golfo y los Rastrojos tienen operación en las inmediaciones de la región, al igual que un grupo armado post Farc, derivado del antiguo Frente 33, que desde hace unos meses viene fortaleciéndose.
Todo esto convierte al Catatumbo en una bomba en constante implosión que alimenta un voraz incendio. En materia de seguridad, el tema político tampoco atraviesa por un escenario favorable. El deterioro de las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano y la nula cooperación judicial parecen beneficiar más a los actores armados ilegales que a los intereses de Colombia y particularmente de la población en esta región.
¿Se está tratando de apagar la brasa con gasolina?