La corrupción lo carcome todo, es un fenómeno que al reproducirse puede llegar a filtrar gran parte de las estructuras del Estado. Consiste en el paulatino debilitamiento institucional que repercute de manera negativa en múltiples aristas de la sociedad; por supuesto la seguridad no es ajena a ello.
Con diferencia de otras esferas de lo público como la economía, el desarrollo territorial o la infraestructura, la relación con la inseguridad es mucho más compleja de determinar e igualmente compleja de medir.
“La corrupción y la inseguridad ciudadana están íntimamente relacionadas. La criminalidad se vale de la corrupción para lograr el apoyo de las autoridades para continuar con sus actividades delictivas, lo que deteriora la seguridad ciudadana y la gobernabilidad democrática”, afirmó el Banco Mundial en un informe revelado en el año 2010.
De acuerdo con esta tesis, la correlación entre ambas variables se enmarca en dos tipos de lógica. La primera, una suerte de círculo vicioso, porque funciona como una relación mutualista donde una se alimenta de la otra.
La segunda, un modelo de espiral, ya que a medida que los hilos que las unen son más estrechos, las repercusiones son mayores y mucho más críticas.
En este orden de ideas, la corrupción genera espacios para que la criminalidad se reproduzca, mientras que en las organizaciones criminales se valen de hechos de corrupción para desarrollar sus ilícitos desde una posición de comodidad.
En otra arista, tampoco se puede descartar que al haber malversación de los recursos públicos, se reduce el presupuesto de inversión en educación y salud, lo que conduce a que los ciudadanos , sobre todo los más jóvenes, sean más propensos a caer en actividades delictivas en búsqueda del sustento básico.
Nunca será justificable el crimen, pero también negar que las condiciones de pobreza influyen en las conductas delictivas sería como tapar el sol con un dedo.
¿Se puede medir la relación entre ambas variables?
Para poder realizar un análisis con un mayor grado de profundidad, es preciso encontrar indicadores que de manera individual midan cada variable para posteriormente examinar algunos patrones que comprueben o desestimen la hipótesis inicial.
Por un lado, la inseguridad, es una variable a la que se asocian mayores indicadores de medida. Cifras de homicidio, hurto, secuestro y extorsión son algunos ejemplos, de elementos que permiten determinar cuán inseguro o seguro es un territorio en específico.
No obstante, es la tasa de homicidios por 100 mil habitantes el principal indicador que mundialmente es analizado para determinar niveles de violencia que por supuesto se asocian a la inseguridad.
Otro es el caso de la corrupción. Por su lógica fantasmal, es sumamente complejo determinar la cantidad de actos de corrupción de un país, una región, de una entidad, y por ende sucede lo mismo al tratar de establecer la cantidad de recursos que son saqueados.
Ante este gigante desafío, la organización no gubernamental Transparencia Internacional, elaboró un indicador de medida denominado Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Se construye a partir de los resultados de una serie de encuestas, elaboradas por entidades públicas y privadas de diferentes partes del mundo.
Este informe busca visibilizar la situación de riesgo de corrupción de manera mundial. En concreto, es un puntaje que se le otorga a cada país con base a variables examinadas en las encuestas.
La escala de puntuación va de 0 (muy limpio) a 100 (altamente corrupto). Ya con la calificación obtenida, la ONG organiza los 180 países en un ranking.
Básicamente, el IPC mide patrones de debilidad institucional y de ausencia de transparencia, no se construye exclusivamente a partir de casos concretos de corrupción.
Volviendo a la idea inicial, el ejercicio de análisis que hemos desarrollado consistió en contrastar la tasa de homicidio por 100 mil habitantes (variable inseguridad) con el IPC (variable corrupción) que registraron los países latinoamericanos durante el 2018.
El objetivo general fue el de encontrar algunas similitudes o diferencias entre los países con mayores índices de violencia y los que Transparencia Internacional consideró altamente corruptos; asimismo, replicar el ejercicio con los países con mejores cifras.
Para ello, preparamos una tabla y un mapa interactivo que correlaciona ambos indicadores. A partir de su lectura se pudieron establecer las siguientes correlaciones:
- Seis de los siete países categorizados según su tasa de homicidios en niveles de violencia extrema, muy alta y alta obtuvieron un IPC igual o menor a 35, lo cual los ubicó en el ranking de Transparencia Internacional por encima de la posición 100 sobre 180 países.
- Estos fueron los casos de Venezuela, Salvador, Honduras, México, Brasil y Guatemala que registraron tasas mayores a 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según el criterio de la Organización Mundial de Salud, una tasa de homicidio igual o superior a 10 evidencia un fenómeno de violencia epidémico.
- El caso de Venezuela es bastante particular e interesante de analizar. Así como registró en 2018 la tasa de homicidios más alta de América Latina con 81,4 homicidios por 100 mil habitantes, fue el país latinoamericano peor ubicado en el ranking del IPC.
Fuente: elaboración propia con base en cifras de la Organización InSight Crime y de Transparencia Internacional.
- En 2018 Colombia registró una tasa de asesinato que, según los estándares internacionales continúa siendo alta. Este país entró en el top 100 del ranking, pero quedó muy cerca del límite ocupando la posición 96.
- Cinco (Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Panamá) de los diez países con tasas de homicidio por debajo de 12, se ubicaron en top 100 en el ranking.
- En términos positivos, Chile evidencia una situación contraria a la de Venezuela. Su tasa fue de apenas 2,7 asesinatos por 100 mil habitantes, y ocupó el segundo lugar en el ranking de países latinoamericanos con menor percepción de corrupción. En contraste mundial se ubicó en la posición 27, muy distante a otras naciones del hemisferio.
Algunas conclusiones
En términos generales, lo anterior evidencia que efectivamente existe una correlación entre los homicidios y el IPC, principalmente en las cifras más negativas.
Si bien no es tan marcada, también se observa una situación similar entre las naciones con cifras positivas de asesinato y con menores índices de corrupción.
Vale la pena aclarar que esto no quiere decir que los asesinatos decreten mayores actos de corrupción o viceversa; sería un análisis ligero, obviar otros factores como el modelo de gobierno, estado de la economía, nivel de desarrollo, etc.
Lo que se puede leer es que ambas variables se suman a una de las tantas causas efectivas para determinar los niveles de violencia y corrupción de un país.
Para cerrar y a manera de reflexión, se puede acotar que la lucha anticorrupción es un elemento clave en la mejora de la situación de la seguridad de Colombia en sus múltiples regiones.
Un Estado con instituciones más robustas y transparentes, donde los recursos públicos se destinen en su totalidad a satisfacer necesidades básicas, superar la pobreza y mejorar la infraestructura, será la primera capa de blindaje frente a las estructuras criminales, principales generadoras de violencia en el país.