Indignantes, pero sobre todo desgarradoras, fueron las imágenes que hace unas semanas conoció el país, donde un niño en Tierra Alta, Córdoba, lloraba y gritaba sin consuelo junto al cuerpo sin vida de su madre luego de ser asesinada a sangre fría por dos sicarios.

Se trataba de Maria del Pilar Hurtado, una joven de 34 años oriunda del departamento del Cauca, quien hace un poco más de un año llegó desplazada al municipio del sur de Córdoba producto de amenazas contra su vida.

Hurtado era una líder comunitaria que hacía parte de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor), y desde su llegada a Tierra Alta participó en diferentes luchas sociales, principalmente en la interlocución con las autoridades del barrio de invasión en que habitaba.

Apenas semanas antes de su execrable homicidio, su nombre había aparecido en un panfleto amenazante que circuló por la zona, en el que las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, la declaraban objetivo militar.  A la postre, los victimarios cumplieron sus amenazas y acabaron con su existencia.

Es imposible catalogar este acontecimiento como un caso aislado, debido al irrefutable hecho que en los últimos años la violencia se ha exacerbado sobre quienes ejercen este tipo de liderazgos territoriales. María del Pilar, fue solo una de las tantas gotas que ha derramado el vaso.

Precisamente por esto, el pasado viernes 26 de julio múltiples sectores sociales y políticos llevaron a cabo a una jornada de movilización masiva a nivel nacional en defensa de la vida.

Por una parte, los manifestantes protestaron contra los violentos, contra aquellos que han acallado las voces de centenas de líderes y defensores de derechos humanos en los últimos años, y por otra exigieron al gobierno nacional para que enfile todas sus herramientas para que cese lo que ya tiene tintes de masacre.

Un diagnóstico dramático

Durante el mes anterior del asesinato de Maria del Pilar, la ONG Somos Defensores reveló su informe anual en el que recopila los diferentes hechos victimizantes que durante el 2018, sufrieron líderes sociales en todo el país.

La gran conclusión del documento es realmente dramática y a la vez escalofriante: el 2018 fue el año más violento desde que está organización implementó en 2009 el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Entre 2017 y 2018 el número de agresiones incrementó en cerca del 44% pasando de 560 a 805. Sin embargo, el dato más escabroso se relaciona con los homicidios que en el mismo periodo aumentaron en 47%.

Mientras que en 2017 fueron asesinados 86 líderes, el año pasado este número ascendió a 155, configurándose como el cuarto incremento anual en línea del número de víctimas mortales.

En la mayoría de los casos (111) los responsables tienen un origen desconocido. Solamente 16 víctimas fueron adjudicadas a grupos paramilitares, 12 a disidencias de las Farc, 9 a la guerrilla del ELN y 7 a la Fuerza Pública.

“Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dado la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios, lo que dificulta determinar la autoría.”  acotó la ONG en su informe anual.

Esta es una de las grandes causas por las cuales es tan difícil responder a la pregunta ¿por qué los están matando? Indudablemente los liderazgos que ejercen estas personas generan una sensación de incomodidad sobre distintos actores con distintos intereses sobre el territorio quienes optan por la violencia para aplacar sus luchas.

Distribución territorial de las agresiones a lideres sociales

Si bien el carácter sistemático de los asesinatos continúa siendo objeto de un complejo debate, lo que sí es indiscutido es que se trata de un fenómeno tremendamente focalizado.

Más de la mitad de los asesinatos (82) se consumaron únicamente en cuatro departamentos, de los cuales Cauca y Antioquia representan los casos más críticos con 28 y 26 casos respectivamente. Esto corresponde a la tendencia de los últimos 3 años, donde ambos departamentos se han mantenido encabezando esta lista.

Con 15 y 13 víctimas mortales, Norte de Santander y Putumayo fueron los siguientes departamentos con mayor número de asesinatos registrados. En ambos casos el número se duplicó en contraste con las cifras del 2017.

Por otra parte, preocupa la situación de departamentos de interior como Caquetá y Guaviare donde en 2016 no se registraron homicidios, mientras que el año pasado sumaron casi 20 casos.

Frente a medidas insuficientes

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la aparente insuficiencia de las medidas que los últimos años se han adoptado para hacerle frente a esta delicada problemática, principalmente en materia de prevención.

Otra arista del problema se relaciona con el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los responsables. De acuerdo con el informe de Somos Defensores, el balance sobre esta materia plantea más dudas que certezas.

Si bien es cierto que en julio de 2017 la Fiscalía calificó de histórico el hecho que de 87 casos de homicidio priorizados hubieran sido esclarecidos más del 50%, la ONG plantea serios interrogantes sobre la cuales se plantea esta cifra.

“(La Fiscalía) da por hecho que un caso ya tiene esclarecimiento a partir de avances en la investigación, por ejemplo, que haya imputación, pero faltando aún importantes avances en el proceso, el juzgamiento y finalmente la sentencia y sanción. Este giro dista de la concepción jurídica que considera el esclarecimiento como la etapa final de una investigación e implica una sentencia definitiva”, enfatizó la ONG.

De acuerdo con esta premisa, el porcentaje de esclarecimiento para el momento en que se produjo el pronunciamiento de la Fiscalía sería muy distante del que habría sido anunciado ya que estaría por debajo del 6%.

Esa disonancia en los porcentajes se replica a lo largo de los últimos 2 años como se puede observar en el siguiente cuadro elaborado por la ONG en donde se contrastan cinco momentos distintos.

¿Qué se puede concluir al respecto?

Asumir una posición de optimismo frente a esta problemática solo sería posible a partir de su desconocimiento. Junto con Somos Defensores, otras entidades públicas y no gubernamentales manejan un diagnostico muy similar sobre está oleada de violencia.

Con respecto a lo que va del 2019, no es muy claro si la tendencia continúa en aumentó o ha comenzado a visibilizarse una leve reducción.

Mientras que Indepaz señala que en los primeros cuatro meses se cometieron 60 homicidios, 20 menos en contraste con el año anterior, las ONU reportó un incremento ya que señala que la cifra sería 51, 10 casos más que en 2018.

Lo cierto es que independientemente de cuales sean las cifras exactas, los números siguen siendo demasiados elevados, lejos de los que se habría prospectado tras la firma de un acuerdo de paz con las Farc.

Sin lugar a duda la violencia y las agresiones sobre los líderes en las regiones son una de las principales amenazas para Colombia de cara a consolidar una transición solida hacia una verdadera etapa de posconflicto.

Asimismo, esto representa una sentida problemática en materia de seguridad. En muchos casos se presenta como un rastro que dejan gran cantidad de factores; algunos de ellos son la connivencia de grupos armados de diferente naturaleza, extensas zonas sembradas con cultivos ilícitos o de extracción ilegal de oro, delicadas conflictividades sociales y la precaria presencia de la institucionalidad estatal.

Ver también ola de violencia en Catatumbo