¿Cómo entender el último informe de la ONU sobre cultivos ilícitos?

Cultivos ilícitos

En una rueda de prensa conjunta entre el Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la semana pasada se reveló el informe anual de monitoreo sobre cultivos ilícitos.

El documento reveló conclusiones de todo tipo sobre el comportamiento de los cultivos de coca en 2019. A través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, la ONU registró una reducción del 9% del área sembrada con coca en Colombia al pasar de 169.000 a 154.000 hectáreas.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Mientras que los cultivos se redujeron en cerca de 14.000 hectáreas, el mismo informe revela que el potencial de producción de clorhidrato de cocaína fue en la dirección contraria y aumentó en 1.5%.

¿Cómo entender esta paradoja en las cifras? y ¿qué otros detalles importantes se pueden abstraer del informe de Naciones Unidas?

Análisis de las cifras anuales

La medición satelital de cultivos ilícitos en el mundo se encuentra en cabeza de dos entidades de distinta naturaleza. Por una parte, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y por otra, la Oficina de las Naciones Unidas contra La Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés).

Ambas entidades cuentan con el mismo nivel de prestigio y credibilidad, por lo que remitirse a uno u otra es supremamente discrecional de quien pretenda abordar los datos que presentan. En el caso particular de Colombia, si se examina la línea temporal del cultivo de mata de coca se pueden observar resultados supremamente similares.

Las cifras del Departamento de Estado tienden a ser un poco más elevadas, pero tanto su comportamiento como su ubicación geoespacial es prácticamente la misma. Algunos analistas señalan que Estados Unidos cuenta con satélites que generan una mayor precisión en la medición, otros lo atribuyen a intereses políticos en Washington por reflejar siempre una situación más alarmante.

Más allá de las características metodológicas, lo cierto es que el informe anual sobre cultivos ilícitos elaborado por las Naciones Unidas es un insumo fundamental en el análisis de este fenómeno en Colombia ya que lo aborda con muchísimo detalle. Lo que, a la larga, resulta de suma utilidad tanto para los grandes tomadores de decisión en materia de política pública, como para investigadores, académicos, periodistas, etc.

En este orden de ideas, el informe revelado la semana pasada por la UNODC retrata algunos avances y también plantea serios retos. Indudablemente, la reducción del 9% de las hectáreas sembradas con coca se llevó los titulares de la mayor parte de los medios de comunicación.

Esto se traduce en un quiebre de la tendencia al alza, tras 5 años de incremento sostenido que iniciaron en 2014 con cerca de 48.000 hectáreas. Si bien es cierto que entre 2017 y 2018 se registró una reducción, fue menor al 1% por lo que, a la luz del análisis de expertos en la materia, esto se interpretó más como un fenómeno de estabilización de la siembra de coca en el país.

Sin embargo, el área cultivada con coca sigue por los aires. Las 159.000 hectáreas se traducen en el triple de las que se registraron el 2013, año en que se reportó el número más bajo de la serie histórica. Vale la pena mencionar que la ONU hace seguimiento a este fenómeno desde 1999. 

En otra arista, el mismo informe documentó que el potencial de producción de cocaína fue de 1.137 toneladas métricas, es decir, un 1.5% más en contraste con 2018. Esto deja en evidencia la sofisticación del sistema de manufactura del narcótico en cabeza de las grandes organizaciones criminales. Como cualquier tipo de negocio y de cualquier sector en el mundo, aumentar la producción con menos insumos es un logro de una altísima rentabilidad.

De acuerdo con este supuesto, la reducción de las 14.000 hectáreas no habría repercutido sobre los bolsillos de las cabezas de los grandes carteles de la droga sino en la de los bolsillos de los campesinos cocaleros.

El 78% de la coca en el país se ubica en cuatro departamentos

Si bien la coca en Colombia en general prevalece en los mismos territorios, el nuevo informe de la UNODC revela algunos cambios que no se pueden omitir. El más visible tiene que ver con Norte de Santander que con 41.700 hectáreas le arrebató el primer lugar a Nariño como el departamento con mayor cantidad de concentración de cultivos.

Este no es un dato menor, teniendo en cuenta que Nariño ostentó el primer puesto en la lista durante más de 10 años.  Desde las cifras esto se explica ya que mientras Norte de Santander aumentó su área cultivada en más de 8.000 hectáreas Nariño la rejudo en cerca de 3.000 pasando de 42.000 a 39.000.

El tercero y el cuarto en la lista continúan siendo Putumayo (24.500 h.a) y Cauca (17.300 h.a)  que en 2019 registraron un  número de hectáreas supremamente similar al del 2018.

En este orden de ideas, solamente en cuatro de los 32 departamentos de Colombia, se aglomera el 78% del total del área sembrada con mata de coca de todo el país.  Además, tres de esos cuatro departamentos son vecinos y se ubican en la misma región y todos sobre zona fronteriza.

Esto da cuenta de un fenómeno tremendamente focalizado, sobre todo si se tiene en cuenta que entre 2018 y 2019 esa concentración pasó del 72% al 78%.

Si el análisis se hace a partir de una lectura municipal se pueden abstraer conclusiones bastante similares. Únicamente en 12 de los 1.122 municipios se cultiva cerca del 50% de toda la coca del país. De ellos Tibú con casi 20.000 hectáreas y Tumaco con 11.800 son los casos más alarmantes.

Más allá de los cultivos ilícitos

Algunos analistas y expertos en la dinámica de las economías criminales argumentan que el eje de la discusión no deben ser los cultivos de coca y mucho menos el principal factor de la cadena de narcotráfico a combatir.

Daniel Mejía ex secretario de Seguridad de Bogotá y académico de la Universidad de los Andes señala que “mientras sigamos enfocando la guerra contra las drogas en reducir cultivos de coca, y no en atacar eslabones importantes donde están verdaderas ganancias de donde se financian grupos criminales (labs, grandes envíos de cocaína, lavado de activos), no esperemos resultados diferentes”.

Igualmente, el catedrático agrega que “en el eslabón de cultivo de hoja de coca se produce el 9% del valor agregado total de la producción y tráfico de cocaína en Colombia. En los eslabones de producción de base, clorhidrato de cocaína y tráfico, se produce el 91% del valor agregado. ¿En dónde debería estar el énfasis de la política?”

Por una línea argumentativa similar, Juan Carlos Garzón, director del área Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), expone otros dos puntos. “1) Desde hace tres años el número de laboratorios de producción de cocaína destruidos no ha variado. 2) Hoy se incauta menos en relación con lo que se produce. Aunque es importante decir que el potencial de producción parte de una estimación de cocaína pura, mientras que no sabemos el nivel de pureza de la cocaína incautada”.

Fuente: Fundación Ideas para la Paz.

Con lo anterior, ambos investigadores concuerdan en que el debate debe trasladarse hacia otros puntos de la cadena del narcotráfico. Al hacerlo se puede observar que el combate a otros eslabones como la destrucción de laboratorios y las incautaciones no han tenido avances sustanciales en los últimos años, al menos a partir de las cifras.

La eterna correlación entre el narcotráfico y la inseguridad

Puede parecer una problemática sobre diagnosticada o incluso la más obvia de las relaciones, pero es inevitable hablar de narcotráfico sin abordar su repercusión sobre la seguridad ciudadana.

Más allá de juicios de valor ligeros basados en lugares comunes, muchos de ellos basados en posturas políticas o ideológicas, lo cierto es que varios elementos estrechamente relacionados con la criminalidad y la medición de los grandes temas en materia de seguridad son ensombrecidos por diferentes eslabones de esta economía criminal.

Basta con echar un vistazo a los diez municipios con mayor densidad de cultivos de coca del país para encontrar dos elementos que hablan por sí solos. En primera instancia, en estos territorios existe presencia de uno o más grupos armados ilegales de alcance nacional o regional que por supuesto gozan de la renta de este eslabón de la cadena del tráfico de cocaína.

 La gran conclusión de entidades gubernamentales y no gubernamentales que hacen seguimiento a la violencia social y política es que estas organizaciones criminales, son los principales responsables del asesinato de líderes sociales en el país.

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Precisamente el segundo elemento se enlaza con lo anterior, ya que un análisis de estos diez municipios evidencia que son territorios donde los indicadores de violencia homicida e históricamente ligados al conflicto armado en Colombia se han rehusado a descender, incluso después de la firma del acuerdo de paz con las FARC.

Por ejemplo, en la gráfica anterior se relacionaron los diez municipios con mayor cantidad de cultivos de coca versus su tasa de homicidio por 100.000 habitantes. A grandes rasgos no solo se puede observar una clara correlación entre ambos indicadores, sino que básicamente todos los municipios registraron en 2019 una tasa de asesinatos muchísimo mayor a la del promedio Nacional.

Tibú en Norte de Santander, el principal municipio cocalero del país también registró la tasa de homicidios más alta entre el grupo con casi 300 asesinatos por 100.000 habitantes, eso es 12 veces más que la cifra promedio del país para el año pasado.

Otros municipios como Tumaco, el Tambo, el Tarra rondaron los 100 y 110 homicidios por 100.000 habitantes, mientras que Puerto Asís, Olaya Herrera, San Miguel y Sardinata oscilaron entre los 50 y 60. Esto es realmente grave cuando se tiene en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, cualquier territorio que supere una cifra de 10 sufre de fenómenos de violencia epidémica.

Finalmente, tampoco se pueden obviar las dinámicas de violencia que giran en torno del microtráfico como una de las tantas caras del tráfico de droga, sobre todo en los grandes centros urbanos.

Juan Fernando Restrepo

Juan Fernando Restrepo

Analista de Riesgo Político y Seguridad
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