Continúa el debate producto del fallo sobre el consumo de licor y drogas en el espacio público

El pasado 6 de junio la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos del Código Nacional de Policía que prohibían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público.

Según la interpretación del tribunal, dicha prohibición viola el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad consignado en la carta magna de 1991. Igualmente, argumentó que “no es razonable constitucionalmente”, relacionar el consumo de alcohol y drogas como una acción que necesariamente desencadena en la perturbación de la convivencia y la destrucción del espacio público.

De acuerdo con la línea argumentativa del estamento judicial, la medida restrictiva es injustificable con la finalidad que pretende. Asimismo, acotó que dentro del mismo Código de Policía existen otros mecanismos que propenden por el mismo fin “sin vulnerar intensamente las libertades individuales”.

En este orden de ideas, la Policía Nacional no podrá incautar y/o destruir este tipo de productos, ni tampoco podrá imponer comparendos a ningún ciudadano que los consuma en sitios como parques, plazas, calles, etc.

Como era previsible, el fallo de la Corte levantó una nueva tormenta política que no ha cesado. Primero, porque agudiza el eterno debate entre los defensores del enfoque prohibicionista y el enfoque progresista frente a la solución del problema mundial de las drogas ilícitas. En segunda medida, exacerba el, cada vez más visible, choque en que se han enfrascado los últimos meses el ejecutivo y el poder judicial.

La eterna discusión

Si bien el anuncio del alto tribunal zanja un debate jurídico, la naturaleza de la temática ha suscitado una delicada discusión política que va desde el concepto de espacio público hasta de política contra las drogas.

Para el Gobierno del presidente Iván Duque y sus simpatizantes, la sentencia sobrepone los derechos de los consumidores por encima de los derechos del resto de los ciudadanos, principalmente de los niños. Argumentan, que por mandato constitucional el espacio público debe ser concebido desde el interés colectivo y no desde el interés particular.

Igualmente, señalan que la determinación de la Corte le entregará en bandeja de plata parques, espacios deportivos y plazas a expendedores de droga, quienes contará con mayor laxitud para sumergir a jóvenes y niños en la adicción a este tipo de sustancias. Esto precisamente favorecería redes de microtráfico en grandes y medianas ciudades decantando en distintos fenómenos de violencia y en aumento de la percepción de inseguridad.

En la otra orilla, la oposición y sectores políticos progresistas celebraron el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Más allá de la discusión ontológica alrededor del concepto de espacio púbico, han acotado que la criminalización del consumo no favorece la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas.

Según su interpretación, partir del hecho que la ingesta de licor y el consumo de sustancias alucinógenas deriva siempre en fenómenos de violencia e inseguridad es un análisis basado en generalidades que equivocan el diseño de políticas públicas efectivas contra la drogadicción y el microtráfico en el país.

De acuerdo con esta tesis, las herramientas del Estado deberían concentrarse en tratar el tema más como un asunto de salud pública y no preponderantemente como un asunto de seguridad ciudadana, dejando de lado políticas prohibicionistas y punitivas. Por ello, las medidas deberían diseñarse para educar a los jóvenes y generar consciencia sobre los efectos negativos del consumo de drogas.

¿Choque de trenes?

Aunque la Corte no se pronunció sobre el contenido del decreto que expidió en octubre el presidente Duque en el que prohibía el porte y consumo de la denominada dosis personal, lo cierto es que el reciente fallo podría tener repercusiones sobre el mismo.

No se puede olvidar, que fueron justamente algunas de las normas del Código de Policía declaradas inexequibles por el tribunal, las que fueron utilizadas por el Gobierno para diseñar la regulación a la dosis mínima.

Sin embargo, según la magistrada Gloria Stella Martínez, el futuro del decreto estaría en manos del Consejo de Estado donde desde hace meses cursan diferentes demandas en su contra.

De manera paralela, el presidente Duque aseguró que seguirá aplicando el polémico decreto, teniendo en cuenta que el contenido de la sentencia se refiere exclusivamente al consumo y no al porte de sustancias psicoactivas.

Este sería apenas uno de los múltiples desencuentros entre el Ejecutivo y el Judicial desde la toma de posesión del nuevo gobierno. Entre otras cosas, en la misma Corte se estudia la petición del presidente de Duque para retornar a las fumigaciones con glifosato y todo indica que ésta sería rechazada.

La pugna, además, no solo acapara temas de droga, narcotráfico y cultivos ilícitos. Vale la pena recordar que fue la propia Corte Constitucional la que tras su paso por el Congreso, terminó de sepultar las seis objeciones que el primer mandatario formuló a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Y cuando se habla de choque de trenes, no solo se habla de diferencias de la Presidencia con la Corte Constitucional, sino también con tribunales de otras jurisdicciones. El gobierno ha sido supremamente crítico tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Santrich”, del primero por mantener la investidura como representante a la cámara al excomandante guerrillero, y al segundo, por ordenar su libertad al considerar ser la entidad competente para ser juez en su caso por narcotráfico.

En este orden de ideas, es innegable que algunas de las cruzadas más importantes de Iván Duque y del Centro Democrático como partido del gobierno, se han visto truncadas por determinaciones judiciales.

A su juicio, los jueces no están actuando en derecho, sino por motivaciones políticas. Por esta razón, miembros del ala más radical del uribismo como la senadora Paloma Valencia y el senador José Obdulio Gaviria han puesto sobre la mesa el convocar a una Asamblea Nacional Constituyente donde los diferentes tribunales se unifiquen en una sola Corte.

Una posibilidad que ha causado un revuelo político muy propio del contexto de polarización que viene enfrentando el país desde hace unos años. Dice el argot popular que las constituyentes se saben como comienzan, pero no como terminan y tampoco es claro que el gobierno Duque le jale a esta idea, ya que podría significar un hecho de un altísimo costo político.

Lo que es absolutamente claro es el hecho que el país se encuentra supremamente dividido y altamente polarizado, y pronunciamientos como el de la Corte Constitucional e ideas en el aire de posibles asambleas constituyentes agrietan más las diferencias que separan a múltiples sectores políticos y ciudadanos.

Juan Fernando Restrepo

Juan Fernando Restrepo

Analista de Riesgo Político y Seguridad
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
servicios de seguridad privada, omnitempus

Somos líderes en servicios de seguridad privada en el país