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Las minas antipersona en Colombia: una de las caras más crudas del conflicto armado

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Juan Fernando Restrepo - Analista de Riesgo Político


Analista de Riesgo Político

La semana pasada, el Ministerio de Defensa reportó el delicado parte médico del patrullero de la Policía Nacional, Narem Daryan Mora Rivera, luego de pisar una mina antipersonal en el corregimiento de la Guayacana, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño). Al momento del incidente, el uniformado que llevaba tres años adscrito a la Unidad Antinarcóticos de la Policía se encontraba en medio de un operativo de erradicación de cultivos ilícitos.

Producto de la onda explosiva, el patrullero Mora quedó gravemente herido de sus extremidades inferiores y aunque alcanzó a ser trasladado al hospital San Andrés ubicado en la cabecera urbana del municipio, lastimosamente falleció horas después.

Junto al uniformado, cuatros miembros más de la Fuerza Pública y un civil resultaron heridos, pero luego de ser asistidos en el mismo centro médico, fueron declarados fuera de peligro.

Este hecho lamentable remueve una de las heridas más profundas que han marcado a Colombia como nación. Durante años, los accidentes relacionados con este tipo de artefactos explosivos lograron reflejar una de las caras más crudas del conflicto armado.

El Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal ,estima que en los últimos 28 años las minas antipersonales y los remanentes explosivos de guerra han dejado alrededor de 11.623 víctimas. 7.064 miembros de la Fuerza Pública, y 4.557 civiles, de estos últimos el 10% fueron niños y el 5% mujeres.

Precisamente el fungir como instrumentos de guerra que no distinguían sus víctimas produjo que en 1997 se prohibiera su uso en el derecho internacional humanitario a partir del Tratado de Ottawa, el cual ya ha sido ratificado por parte de 162 países.

En curva descendente 

Por fortuna, luego de décadas de padecer este mal en Colombia se observan importantes avances no solo orientados a mitigar los nefastos efectos que causan las minas antipersona, sino a desaparecerlos en su totalidad.  Muestra de ello es que mientras en 2006 se registraron más de 1.100 víctimas, el año pasado fueron solamente 56, lo cual se traduce en una reducción cercana al 95%.

Asimismo, en los últimos 11 años, el número de municipios donde se reportaron accidentes pasaron de 160 a 24. El año pasado los territorios donde mayor cantidad de víctimas se presentaron fueron en el departamento de Guaviare entre los municipios del Retorno y Miraflores, y en Nariño entre Tumaco, Barbacoas, Samaniego y Santa Cruz.

Más allá del hecho que la siembra de minas antipersona se redujo considerablemente desde que arrancó el proceso de paz con las Farc, es cierto que el programa de desminado humanitario que adelanta el gobierno en distintas zonas del país también ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de los indicadores relacionados a accidentes y víctimas.

Sin embargo, aunque el desminado puede considerarse como una tarea supremamente exitosa, las cifras en 2018 evidencian que no se deben bajar los brazos. Transcurridos 10 meses del año, se han registrado 106 eventos, prácticamente el doble  de los que se presentaron en todo el 2017. 

La mayor parte de los accidentes documentados en este 2018 acontecieron nuevamente en los municipios de Tumaco (19), y el Retorno (12). (Esta distribución geográfica también puede observarse en el mapa interactivo)

Por su parte, territorios que en 2017 habían reportado muy pocos accidentes han sufrido un incremento importante, como es el caso de la zona del Catatumbo, principalmente los municipios de Hacarí, Teorama, Convención y San Calixto.

Esto se explica a partir de un fenómeno de resiembra de minas antipersona por parte de la guerrilla del ELN que durante el 2018 se ha visto enfrascado en una confrontación militar con la disidencia del EPL denominada por las autoridades como Los Pelusos. Según lo que han relatado miembros de la comunidad, los elenos estarían recurriendo a artefactos explosivos de esta naturaleza para proteger el territorio donde operan, pero también las vastas zonas de cultivos ilícitos que se ubican en esta región del país.

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De hecho, así como el patrullero Mora que falleció la semana pasada,   buena parte de las víctimas que se han registrado este año hacían parte de escuadrones móviles de erradicación de cultivos de coca.

Liberar a Colombia de minas antipersona para 2021, tal como lo ratificó el gobierno del ex presidente Santos,  es una meta y un desafío titánico, sobre todo cuando plantar una mina para una de estas organizaciones delictivas tiene un costo pírrico de alrededor de 15 mil pesos mientras que desactivarla le cuesta al Estado entre 2 y 3 millones de pesos.

Son múltiples los factores que han influido en la remarcada curva descendente de los indicadores, pero para poderlo comprender es fundamental analizar el papel que han desempeñado las minas antipersona en el conflicto colombiano y las distintas etapas que se han marcado durante su curso. 

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*BEYOND es una publicación semanal que tiene como objetivo principal abordar temas de coyuntura política, económica y social que puedan tener algún tipo de repercusión en la seguridad nacional o ciudadana. Igualmente, busca informar y complementar los temas de actualidad que son trabajados por los principales medios de comunicación y que se encuentran en constante desarrollo.

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