El pasado domingo hacía las 8 y media de la noche, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano, confirmó lo que se veía venir: Nicolás Maduro será presidente del Venezuela, al menos por un periodo más. El máximo representante del chavismo fue electo con el 67,7% de la votación, representado en un poco menos de 6 millones de votos.

Por su parte, Henry Falcón disidente del Chavismo y candidato de un segmento de la oposición, obtuvo el 21,2%, una cifra cercana a 1 millón 900 mil votos; Javier Bertucci, también candidato de oposición, registró 1 millón de sufragios.

Más allá del resultado, el gran protagonista de la jornada fue el alto porcentaje de abstención. A las primarias acudieron únicamente el 46% de los ciudadanos habilitados para votar, lo que se tradujo en la cifra más baja de los últimos 20 años.

El porcentaje del certamen del pasado domingo es considerablemente bajo si se contrasta con las tres últimas elecciones presidenciales , donde el promedio fue del 80%. Por poco y se habría reducido a la mitad de esa cifra, y esto es partiendo de los números entregados por el régimen, ya que algunos actores de talante internacional señalan que los resultados habrían sido inflados.

La baja participación es producto del desgaste en la relación entre la ciudadanía y el Gobierno, pero también debido a un amplio sector de la oposición venezolana que se negó a participar de la jornada aduciendo falta de garantías y un fraude anticipado. En coherencia con ello, invitaron a la ciudadanía abstenerse de ir a los comicios para reflejar la poca legitimidad del ejercicio electoral.

Aunque Maduro haya salido triunfante por un apabullante porcentaje, gran parte de los gobiernos de la región y del mundo se han rehusado a reconocer los resultados. El grupo de Lima conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, declararon no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas, adoptando además una serie de medidas que incluye llamar a consulta a sus embajadores en Caracas.

La jornada del pasado domingo es un nuevo episodio en la profundización del autoritarismo en Venezuela. A diferencia de las dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX, el modelo del régimen venezolano actual combina una serie de factores de origen democrático que buscan reflejar una realidad distinta. Algunos analistas la han denominado como una dictocracia, un concepto más periodístico que académico pero que busca explicar la coyuntura venezolana.

No necesariamente se refiere a un modelo híbrido entre una dictadura y un modelo democrático, más bien habla sobre la implementación de herramientas y discursos propias de la democracia, que legitimen conductas autoritarias. Este sería el papel que cumplen las elecciones en Venezuela, las cuales se han convertido en un mero formalismo.

La legitimidad del ejercicio electoral se ve opacado ante la inhabilitación de candidatos de oposición para participar en las elecciones, como también la ilegalización de partidos políticos, algunos de ellos que han obtenido resultados notables en elecciones previas. Asimismo, se ha señalado de manera reiterada que adelantar la elección presidencial para mayo cuando estaba programada para diciembre, fue una jugada táctica del Gobierno que conoce la actual etapa de crisis y desunión que atraviesa la oposición.

En este orden de ideas, que se celebren elecciones, se convierte en un argumento inocuo, mientras el ejecutivo controle las otras ramas del poder público, incluido el poder electoral.

De manera paralela, la Asamblea Nacional Constituyente conformada únicamente por simpatizantes chavistas, producirá una nueva carta magna a la medida de sus intereses, anexando al orden constitucional nuevas condiciones que atornillen aún más el régimen al poder.

El panorama es realmente preocupante porque más allá de la presión de la comunidad internacional, no se visualiza una pronta solución a la delicada crisis económica, política y social en Venezuela.

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*BEYOND
es una publicación semanal que tiene como objetivo principal abordar temas de coyuntura política, económica y social que puedan tener algún tipo de repercusión en la seguridad nacional o ciudadana. Igualmente, busca informar y complementar los temas de actualidad que son trabajados por los principales medios de comunicación y que se encuentran en constante desarrollo.